Reducir el IVA en la frontera norte, controlar el precio de las gasolinas y recortar plazas y salarios de altos funcionarios públicos son algunos de los objetivos que busca el futuro gobierno, pero que significarán costos fiscales.
Estos costos o pérdidas en la recaudación pueden llevar a la próxima administración a incurrir en mayor deuda pública, romper con el objetivo de un superávit primario y reforzar la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideran especialistas en materia fiscal consultados por Expansión.
Este panorama es posible considerando que además de estos incentivos en materia fiscal, hay objetivos que deberán reflejarse en el presupuesto de egresos 2019, como los programas de becas a jóvenes estudiantes, pensión universal a adultos de la tercera edad, y la rehabilitación de refinerías, explicó Carlos Cárdenas, asesor fiscal y expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
También hay que tomar en cuenta las promesas de no aumentar impuestos federales, la previsión de que el próximo año Hacienda no recibirá remantes del Banco de México, y que habrá un mayor gasto por el costo financiero de la deuda, explicó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Cuestión de cifras
“Las medidas de austeridad son plausibles en términos de recortar gastos ostentosos, superfluos, reducir programas y plazas duplicadas, no obstante un recorte de salarios y de plazas como el que se plantea nos llevaría en primera instancia a menor recaudación por ISR a nóminas”, explicó Herbert Bettiger, socio director de Bettinger Asesores.